Un año es exactamente el plazo que el Gobierno de España ha dado a los bancos y cajas españoles para pensar cómo van a resolver el principal problema que ha dejado tras de sí la burbuja inmobiliaria: el suelo, una losa que pesa en sus balances valorada nada menos que en 33.344 millones de euros (datos de junio).
De momento, el 31 de diciembre pasado el Gobierno les echó un valioso capote de última hora aprobando una moratoria que les permitirá valorar sus carteras de suelo tal y como lo han venido haciendo hasta la fecha, es decir, en función de las expectativas de negocio futuras que expresan los planes urbanísticos donde se ubican, en lugar de tasarlos basándose en las perspectivas de negocio reales y actuales, mucho menos optimistas.
El día que vencía el plazo, el Gobierno aplazó un año la norma que obliga a valorar como terreno rústico todo el suelo calificado como urbanizable que no haya sido urbanizado.
En síntesis, en uno de los párrafos [pág. 146578] menos inteligibles del Real Decreto de Medidas Urgentes publicado el pasado viernes, el Gobierno establece una nueva prórroga de un año que impide que el suelo calificado como urbanizable pase a convertirse en suelo rústico y, de esta manera, pierda gran parte de su valor.
Esta es la segunda prorroga que se establece sobre esta cuestión y las preguntas que se nos ocurren son ¿Es que alguien piensa volver a los tiempos pasados? ¿Es esta tan solo una concesión a la Banca por parte del Gobierno para futuras mesas de negociaciones? ¿Que ventajas e inconvenientes hubiera traído la no aplicación de esta moratoria? ¿Que pasará dentro de un año, o antes? Estaremos atentos.
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Ver la disposición General en el BOE , (página 65 del documento)
Fuente: UAAAP
