Como sabes por los medios de comunicación, el Gobierno del Estado prevé el inicio de la tramitación de la Ley de Servicios Profesionales
en las próximas semanas. Este proyecto legislativo ha generado, desde
que se hicieron públicos sus objetivos, una importante reacción de los
colectivos profesionales afectados por lo que puede suponer un proceso
de desregulación.
Como es obligado, desde el primer
momento el CSCAE ha estado especialmente atento a todo lo relativo al
proyecto con el que se iniciaría el proceso para la tramitación del
cambio legislativo.
En estos momentos no se dispone, en
ninguno de los ámbitos a los que tenemos acceso institucional, de
redactado alguno que nos permita valorar la transcendencia efectiva que
el proyecto pueda tener sobre la actividad profesional de los
arquitectos. Nuestra actuación, por tanto, ha estado centrada en
compartir con nuestros interlocutores las características de nuestra
actividad profesional y la especial necesidad, por ello, de una
regulación específica, como la que ya establece la Ley de Ordenación de
la Edificación y el eficaz instrumento que, para la regulación de la
profesión, significan los Colegios de Arquitectos.
Mantenemos una fluida comunicación con
el Ministerio de Fomento que nos permita estar al día del contenido,
desarrollo y evolución de los borradores del citado Proyecto de Ley.
Este Consejo entiende que la profesión
de arquitecto, por el interés público de la arquitectura y por la
transcendencia de nuestra intervención en aspectos esenciales como la
seguridad de las personas, debe ser, y seguir siendo, una profesión
regulada y colegiada para su mayor eficacia y utilidad social. Así
sucede en la mayoría de países europeos.
Los Colegios son un instrumento esencial
de ordenación profesional para garantizar la prestación de los
servicios de los Arquitectos, en beneficio de los ciudadanos usuarios de
tales servicios.
Por todo lo anterior estamos
especialmente atentos a cualquier aspecto desregulador que pudiera
implicar la incorporación de otros profesionales con nuevas atribuciones
en nuestro sector, con menoscabo de la capacidad asociada a nuestra
profesión y de su utilidad social. En ese caso, como no podría ser de
otro modo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España,
con el apoyo del colectivo al que representa, contestaría enérgicamente
en defensa de lo que para nosotros es una sólida convicción.
Madrid, 23 de febrero de 2011
Jordi Ludevid
Presidente
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